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01 de Octubre de 2018 Noticias  

SENTENCIAS MERCANTILES resumidas del Tribunal Supremo, AP, TJCE, Resoluciones DGRN.


 

SENTENCIAS MERCANTILES.

 

Procedimiento concursal. Desestimación de la acción rescisoria ejercitada por la AEAT, como acreedor concursal, de la escritura de cesión de bienes en pago de deuda otorgada por la concursada en el periodo posterior a realizar la comunicación del art. 5 bis LC y meses antes de la declaración de su concurso. El acto de disposición objeto de rescisión concursal es una dación en pago, siendo el valor de los derechos cedidos inferior a la mitad del crédito, que se extinguió con la cesión. Pese a la proximidad de la declaración de concurso no existe un sacrificio patrimonial injustificado por lo que no se ha causado perjuicio alguno a la masa activa. La cesión no se realizó de forma aislada, sino que se cedieron otros bienes a otros acreedores en condiciones similares. Por tanto, no concurren circunstancias excepcionales respecto de la naturaleza del crédito o la condición del acreedor que hubieran determinado la naturaleza injustificada de la diferencia de trato. STA TS 06-03-2018.

 

Reelección de administradores solidarios. Discordia respecto del domicilio del administrador reelegido. La indicación del domicilio del administrador no es un dato cualquiera que permita una determinación más o menos acertada o dudosa (vid., por ejemplo, el art.111 del RRM que determina ese domicilio como lugar de la notificación fehaciente a la que se refiere). Por ello debe salvarse la discordancia respecto del dato referido de modo que resulte con claridad suficiente cuál es el que debe constar en los asientos registrales. RSL DGRN 01-03-2018. BOE 20-03-2018

 

Anotación de demanda de impugnación de acuerdos sociales. Existencia de asientos de presentación previos. La anotación de la demanda, como asiento de eficacia temporal limitada a la duración del procedimiento judicial, presenta, entre otras, la finalidad de dar a conocer la existencia de una demanda cuya estimación podría alterar el contenido registral, con la finalidad de enervar la presunción de buena fe de terceros que confían en lo que publican los asientos del Registro. Por ello, semejante presunción sólo será necesario que sea destruida cuando el acto impugnado esté inscrito o sea susceptible de inscripción. Y este Centro Directivo tiene declarado en reiteradas ocasiones que la anotación preventiva de demanda de impugnación de acuerdos inscribibles, estén o no inscritos, no producen cierre registral. Tanto para anotar la demanda como para inscribir sentencias relativas a hechos registrables no es necesario que estén previamente inscritos, bastando su condición de «inscribibles»: cfr. Art.208 de la LSC que en sus dos párrafos se refiere a acuerdos inscribibles y acuerdos inscritos «en su caso» y art.155 del RRM que se contenta con exigir que sean acordados; más claramente el art.157 del RRM que se refiere a la anotación de suspensión de acuerdos inscritos o inscribibles. Para la publicidad de la resolución judicial que adopta la medida cautelar y para asegurar que cumpla su función no es exigible queden cumplidos los habituales requisitos de tracto sucesivo o prioridad respecto del acuerdo cuestionado pero adoptado y aún no inscrito.  RSL DGRN 29-01-2018. BOE 13-02-2018

 

Junta general SA. Complemento de convocatoria. Intervención notarial. Requisitos. Presentada la escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados junto con copia del acta notarial llevada a cabo, el registrador suspende la inscripción porque no resulta la existencia de acuerdo del consejo de administración en relación al complemento de convocatoria y porque la presencia de notario tampoco ha sido acordada por el consejo, de modo que el acta que acompaña a la escritura no es acta de junta sino mera acta de presencia. Confirmada la nota de calificación. RSL DGRN 31-01-2018. BOE 13-02-2018

 

SA. Acción de responsabilidad ejercitada. Desestimación. Los demandados no ostentan la condición de administradores de hecho. Las personas físicas representantes de personas jurídicas administradoras de unas sociedades no pueden calificarse de administradores de hecho, pues desarrollan las funciones de su cargo con arreglo a una representación expresamente prevista en la ley. STA TS 01-03-2018

 

Sociedad profesional. Traslado de domicilio en junta universal. No puede exigirse la identidad de los socios en la certificación. Nada cambia por el hecho de que se trate de una sociedad profesional, en cuya regulación se exige que cualquier modificación del contrato –y el cambio de socios– conste en escritura pública y se inscriba en el Registro (artículo 8.3 de la Ley 2/2007). Por lo demás, no puede olvidarse que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes. Por ello, a falta de norma que lo imponga, la registradora no puede exigir que se exprese la identidad de todos los socios asistentes a la junta para calificar si son los mismos que constan inscritos en el Registro. RSL DGRN 05-02-2018. BOE 14-02-2018

 

Hipoteca. Acción de nulidad de la cláusula suelo. Desestimación. Validez de la transacción acordada entre los clientes y el banco en virtud de la cual se rebajaba el suelo de la cláusula y ambas partes renunciaban a ejercitar cualquier acción frente a la otra. Las partes quedan vinculadas en los términos transigidos, lo que impide enjuiciar la situación previa a la transacción. Concurre la causa propia de la transacción, evitar una controversia judicial en un momento de incertidumbre sobre la validez de la cláusula y sus efectos, tras el dictado de la sentencia del TS de 9 de mayo de 2013. La transacción no contraviene la ley pues se trata de una materia disponible. No debe negarse la posibilidad de transigir en los contratos con consumidores. Sin embargo, deben cumplirse las exigencias de trasparencia en la transacción, y en este caso así debe entenderse pues los clientes escribieron de su puño y letra que entendían que el tipo de interés nunca bajaría del 2,25%. STA TS 11-04-2018

 

Contrato de permuta financiera. Swap nulo por error en el consentimiento por incumplir la entidad bancaria el deber de información que le imponía la normativa aplicable, anterior a la incorporación al Derecho español de la normativa MiFID. La entidad demandante se califica como minorista por su actividad empresarial, no experta en la contratación de productos financieros, careciendo su administrador de formación financiera. La formación necesaria para conocer la naturaleza, características y riesgos de un producto complejo y de riesgo como es el swap no es la del simple empresario, sino la del profesional del mercado de valores o, al menos, la del cliente experimentado en este tipo de productos. La contratación de otros swaps, que fueron cancelados, o la aceptación de liquidaciones negativas no supone conocer el riesgo del producto ofertado. Caducidad de la acción. Desestimación de la excepción. La consumación de los swaps se produce con su agotamiento o extinción del contrato. Es en ese momento cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes. El cliente no recibe en un momento único y puntual una prestación esencial sino liquidaciones variables en función de la evolución de los tipos de interés. STA TS 19-02-2018

 

Procedimiento concursal. El crédito contra el administrador social declarado en concurso, que responde solidariamente de las obligaciones sociales con base en el art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital, por una condena en costas impuesta a la sociedad administrada con posterioridad a la declaración en concurso del administrador, es crédito contra la masa. Es aplicable el art. 84.2.10 de la Ley Concursal pues, según la doctrina jurisprudencial, la responsabilidad del administrador por deudas sociales es una modalidad de responsabilidad ex lege y el crédito de los demandantes nació después de la declaración en concurso, cuando se dictó la sentencia, que quedó firme, que condenaba a la sociedad administrada al pago de las costas del proceso seguido contra ella por incumplimiento de la obligación de entrega de la vivienda que proyectaba construir en el solar transmitido por los demandantes. STA TS 29-11-2017

 






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