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19 de Abril de 2018 Novedades legislativas  

SENTENCIAS MERCANTILES resumidas del Tribunal Supremo, AP, TJCE, Resoluciones DGRN.


SENTENCIAS MERCANTILES.

 

Registro Mercantil. El sistema de remuneración de los consejeros delegados o ejecutivos debe constar en los estatutos sociales. El TS declara que, tras la reforma de la Ley de Sociedades de Capital llevada a cabo por la Ley 31/2014, la exigencia de previsión estatutaria del carácter retribuido del cargo de administrador y del sistema de remuneración afecta a todos los administradores, sean o no consejeros delegados o ejecutivos. La relación entre los arts. 217 a 219, de una parte, y 249 LSC, de otra, es de carácter cumulativo no alternativo. El régimen remuneratorio general se contiene en los arts. 217 a 219, aplicables a todos los administradores. El art. 249 contiene las especialidades aplicables a los consejeros delegados o ejecutivos, que deberán firmar un contrato con la sociedad pero cuyo contenido ha de ajustarse al «marco estatutario». STA TS 26-02-2018Enviada como noticia 05-03-2018

 

Forma de la notificación de renuncia al cargo de administradora solidaria de una sociedad de responsabilidad limitada. Se supedita el reconocimiento registral de la dimisión a su previa comunicación fehaciente a la sociedad (art.147 y 192 del Reglamento del RM). Y, a tal efecto, se debe considerar suficiente el acta notarial acreditativa del envío por correo certificado con aviso de recibo del documento de renuncia, siempre que la remisión se haya efectuado al domicilio social de la propia entidad, según el Registro, y resulte del acuse de recibo que el envío ha sido debidamente entregado en dicho domicilio. Sin que de este Reglamento resulte que la devolución de un correo certificado con acuse de recibo produzca los efectos de una notificación. Es cierto que hay sentencias que entienden que cuando las comunicaciones por correo certificado con acuse de recibido son devueltas con la mención avisado «ausente», «caducado», o «devuelto», se considera que hay falta de diligencia imputable al destinatario, que salvo prueba razonada y razonable de la imposibilidad de la recepción, no impide la eficacia del acto que se notifica o para el que se lo requiere. Pero –añaden– son sentencias referidas al procedimiento administrativo ordinario o común de notificaciones –no al previsto en el Reglamento Notarial– y a los efectos de no entender caducado el procedimiento. Es el procedimiento previsto en el artículo 202 del Reglamento Notarial, de manera que habiendo resultado infructuoso el envío postal, el notario debe procurar realizar la notificación presencialmente, en los términos previstos en dicho artículo.RSL DGRN 03-08-2017. BOE 21-09-2017

 

Constitución de SL con objetivo profesional de auditoría de cuentas. Las sociedades de auditoría se rigen por su propia ley. De la normativa a la que se refieren las consideraciones precedentes, y especialmente de lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, se desprende inequívocamente que cabe constituir una verdadera sociedad de auditoría de cuentas (de suerte que sea la sociedad misma la ejerciente de la actividad profesional de auditoría, y no una mera sociedad de intermediación en servicios de auditoría de cuentas) aunque no se sujete «in toto» a los requisitos establecidos en la Ley de sociedades profesionales. Y es que no puede ignorarse la última razón de ser de la misma Ley de sociedades profesionales, como norma de garantía: seguridad jurídica de las sociedades profesionales, a las que facilita un régimen peculiar hasta ahora inexistente; y garantía para los clientes o usuarios, que ven ampliada la esfera de sujetos responsables –cfr. el párrafo quinto del apartado I de la Exposición de Motivos–; mientras que las sociedades auditoras ya cuentan con un régimen específico que en lo esencial es considerado suficientemente garantista. RSL DGRN 11-09-2017. BOE 05-10-2017

 

Denegación de la cancelación de la inscripción registral de una sociedad que acordó trasladar su domicilio social a otro Estado, por no aportar la documentación requerida, a efectos del procedimiento de cancelación. CUESTIONES PREJUDICIALES. Los arts. 49 y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que la libertad de establecimiento es aplicable al traslado del domicilio social de una sociedad al territorio de otro Estado, para transformarse en una sociedad regida por el Derecho de dicho Estado, conforme a los requisitos impuestos por su normativa, sin que se desplace el domicilio real de la sociedad. Dichos artículos se oponen a la normativa de un Estado en cuya virtud el traslado del domicilio social de una sociedad para transformarse en una sociedad regida por el Derecho de otro Estado, está supeditado a la liquidación de la primera sociedad. STA TJUE 25-10-2017Enviada como noticia 26-10-2017.

 

Depósito de cuentas sin informe de auditor nombrado a instancia de la minoría. No es procedente. Esta Dirección General ha reiterado que, habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha circunstancia por inscripción en el folio de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito, el correspondiente informe de verificación, no procede que el registrador Mercantil lleve a cabo el depósito de cuentas solicitado. La situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la continua doctrina de esta Dirección General, no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de auditoría realizado por el auditor nombrado e inscrito en el RM. Así resulta indubitadamente del contenido del artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital. RSL DGRN 14-09-2017. BOE 05-10-2017

 

Aumento de capital. Desembolso de dividendos pasivosSu formalización es competencia del órgano de administración. De la interpretación sistemática de los preceptos de dicha ley resulta inequívocamente que se atribuye a los administradores las competencias relacionadas con la aportación de los desembolsos pendientes que contempla el artículo 81, de modo que es el órgano de administración el que acuerda o decide sobre ello, con las consecuencias previstas en el artículo 82 de la mora del accionista. Por ello nada se opone a que sea el órgano de administración el que reclame al accionista que se halle en mora en el pago de los desembolsos pendientes el reintegro de éstos sin necesidad del previo acuerdo de la junta general. Por otra parte, conforme a lo establecido en los art.62 de la LSC y 135 del Reglamento del RM, para la inscripción de los sucesivos desembolsos de capital social, es necesaria y suficiente la sola manifestación que en escritura pública realice el órgano social competente sobre la realidad de dichos desembolsos, acompañando los documentos acreditativos pertinentes. Y según las precedentes consideraciones es indudable que dicha competencia corresponde al órgano de administración de la sociedad cuyo capital se desembolsa, con la correspondiente redacción de los estatutos para recoger en ellos la realización de los desembolsos pendientes, sin que sea suficiente que tal manifestación sea realizada por el socio que efectúa el desembolso. En consecuencia, en el presente caso debe confirmarse el defecto expresado por el registrador. RSL DGRN 04-10-17. BOE 30-10-2017

 

Procedimiento concursal. Acción rescisoria formulada por la administración concursal. Legitimación del acreedor coadyuvante para interponer los recursos que procedan contra las resoluciones recaídas en el incidente concursal de reintegración, al margen de la administración concursal. La intervención del tercero en el incidente de reintegración le confiere la condición de parte, a todos los efectos, tanto respecto de las facultades para intervenir en el proceso, como del alcance y eficacia de cosa juzgada de la sentencia con la que concluya, y de las costas. STA TS 01-12-2017Enviada como noticia 29-12-2017.

 

Constitución de SL Profesional. Transmisión de participaciones sociales. Clases de participaciones. En el expediente que da lugar a la presente y en lo que afecta a su objeto, todas las participaciones sociales son iguales pues no existe modalización estatutaria alguna del conjunto de derechos que su titularidad atribuye. De aquí que la previsión estatutaria de que la transmisión de participaciones sociales de un socio profesional a un no profesional o viceversa, haya de provocar un cambio de clase de participación, no es sólo errónea técnicamente (vid. artículo 94.1, segundo párrafo, de la Ley de Sociedades de Capital en relación a su artículo 293), es que claramente induce a error pues no pueden confundirse las consecuencias que pueda tener la transmisión de participaciones de un socio profesional a quien no lo es (o viceversa), con la existencia de participaciones que atribuyen distintos derechos a sus titulares. En la sociedad a que se refiere este expediente, la transmisión de una participación social no altera el conjunto de derechos que de su titularidad resultan por lo que no existe cambio de «clase» alguna. Cosa distinta es que la transmisión de una participación de un socio profesional a quien no lo es se sujete a requisitos específicos y pueda acarrear consecuencias jurídicas distintas a la transmisión de participaciones entre no profesionales, pero sin que ello afecte al conjunto de derechos que atribuye su titularidad que permanece inalterado. Tiene razón el recurrente cuando afirma que no existe impedimento legal a que el contrato social se sujete a un régimen similar al que para las sociedades laborales prevé su ley reguladora, pero para ello sería preciso, nuevamente, una regulación estatutaria expresa, clara y completa sin que sea aceptable la aplicación de las previsiones que esta ley contiene a un tipo social distinto sujeto a un régimen jurídico igualmente distinto. RSL DGRN 09-10-2017BOE 31-10-2017

 

Estimación de la solicitud de los administradores concursales de declaración de nulidad de las compensaciones de créditos practicadas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El IVA a devolver a la concursada por liquidaciones posteriores a la declaración de concurso no puede compensarse con el IVA a ingresar proveniente de facturas rectificativas correspondiente a operaciones anteriores a la declaración de concurso. Este crédito a favor de la AEAT es concursal y las facturas rectificativas emitidas tras la declaración de concurso correspondían a hechos imponibles anteriores al concurso de acreedores. El IVA a ingresar, crédito concursal, se hubiera podido compensar con el IVA a devolver de ejercicios anteriores a la declaración de concurso, pero no con el IVA a devolver de ejercicios posteriores al concurso. La compensación practicada por la AEAT es improcedente, debiendo ésta reintegrar a la masa del concurso la suma que se corresponde con el IVA a devolver. STA TS 11-01-2018.

 

Desestimación de la demanda incidental de reconocimiento como créditos contra la masa de los honorarios del letrado de la concursada. Determinación de las actuaciones llevadas a cabo por el demandante. Solo podría considerarse necesaria y realizada en interés de la masa la presentación de una propuesta de convenio, se haya admitido o no. Las restantes actuaciones realizadas no han redundado en interés del concurso. No puede confundirse la obligatoriedad de la intervención del letrado con la necesidad o interés de la masa. Pero el interés para la masa de la presentación de la propuesta de convenio despareció al inadmitirse por no reunir requisitos mínimos de contenido imprescindibles para que los acreedores pudieran votar en la junta con un mínimo conocimiento de causa. STA TS 12-01-2018.






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